EL ASESINATO DE YOLANDA GONZALEZ

El asesinato de Yolanda González fue reivindicado desde Barcelona por un portavoz del Batallón Vasco Español que aseguraba haberla matado por "una España grande, libre y única" y le acusaban de pertenecer a ETA. En ese mismo comunicado precisaban que la joven había sido "interrogada y ejecutada".

En un momento de cambio y tensiones políticas, el asesinato de esta joven provocó una gran oleada de protestas y manifestaciones en todo el país. La izquierda ya acumulaba a sus espaldas decenas de muertos a manos de militantes de la extrema derecha o fuerzas de seguridad.
Yolanda era vasca y de izquierdas, pero no militaba en ETA, sino en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), una organización trotskista que se alejaba de los postulados nacionalistas de la izquierda abertzale. Nacida en la zona obrera de Deusto, era hija de trabajadores inmigrantes. Desde pequeña destacó como una gran estudiante, obteniendo abundantes sobresalientes y matrículas de honor. Además, siempre mostró una gran preocupación por las cuestiones sociales, especialmente al ver las desigualdades económicas y la falta de derechos que había en la España del momento.
Pronto empezó en política y pasó por distintas organizaciones de izquierda. Ya instalada en Madrid con su novio, Yolanda comenzó a estudiar en el Centro de Formación Profesional de Vallecas y participó en todas las movilizaciones estudiantiles, de forma que llegó a ser la representante de su centro en la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media.

El 28 de enero de 1980 se produce una gran huelga de Enseñanza Media y sólo cuatro días más tarde, el 1 de febrero, fue secuestrada en la puerta de su casa a punta de pistola. Fue interrogada y torturada en el coche de los escuadristas. Ante su resistencia, pararon el coche, Emilio Hellín Moro sacó su Walter P-38 de 9 milímetros y le disparó dos veces en la cabeza. Ignacio Abad le dio el tiro de gracia y la dejaron en la cuneta de la carretera donde fue encontrada.
La Audiencia Nacional procesó y juzgó como banda armada a Emilio Hellín Moro, Ignacio Abad Velázquez, José Ricardo Prieto y Félix Pérez Ajero, que fueron condenados a diversas penas según su implicación criminal en el asesinato, como autores materiales o colaboradores de los hechos.